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SANCIONA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA CDMX A 804 SERVIDORES PÚBLICOS

Boletín #25
09 de octubre de 2018

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de la México (SCGCDMX) impuso 804 sanciones a igual número de personas servidoras públicas de la administración pública capitalina, tras la conclusión de investigaciones y procedimientos en el periodo que va del 1 de junio al 31 de agosto de 2018.

Se trata del Tercer Bloque de Personas Servidoras Públicas Sancionadas este año, reporte periódico de la dependencia respecto a resoluciones disciplinarias en la administración pública capitalina, del cual se desprende que 549 sanciones correspondieron a servidores públicos de dependencias, 184 de delegaciones y 71 de entidades.

Por tipo de sanción, 115 recibieron apercibimiento o amonestación; 601, suspensión hasta por 180 días; 2, destitución; 64, inhabilitación hasta por 11 años; y a 22 se les impuso tanto la destitución como inhabilitación hasta por 10 años. Asimismo, se presentaron 71 casos de sanción económica cuyo monto en conjunto asciende a 131 millones 599 mil pesos.

Cabe mencionar que la estadística de sanciones comenzó a reportarse en esta modalidad a partir de la gestión del actual titular de la dependencia, Eduardo Rovelo Pico, sumando a la fecha quince bloques.

Entre 2017 y agosto de 2018, el acumulado arroja 4 mil 770 funcionarios sancionados: 2 mil 866 de dependencias y órganos desconcentrados, mil 45 de delegaciones y 539 de entidades. En 249 casos (el 5 por ciento) se determinó aplicar sanción económica, cuya sumatoria asciende a 728 millones de pesos; en tanto que 7 de cada cien casos (336 en total) fueron inhabilitados desde 3 meses o hasta por 20 años.

En todos los casos se han cumplido las etapas procesales de radicación de expedientes de investigación, notificación de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, desahogo de la audiencia de ley (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos), y emisión de la resolución administrativa.

La SCGCDMX garantiza el respeto a los datos personales en plena observancia de las disposiciones constitucionales, generales y locales.

El reporte periódico de los procedimientos administrativos disciplinarios contra quienes realizaron actos contrarios a la normatividad, contribuye al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.